En primer lugar, el coordinador general de la Oficina de Quejas y Denuncias, abogado Edgar Escobar, explicó el funcionamiento de la referida oficina haciendo una diferencia entre la queja y la denuncia. Refirió que "la Oficina de Quejas y Denuncias recibe la queja y deriva a la oficina administrativa correspondiente para dar solución al problema planteado. En caso de denuncias, se recibe y se deriva para su investigación, se reúnen las evidencias para definir si se instruye sumario o no”.

Continuó diciendo que “si no amerita un sumario, el caso se archiva. Cuando se abre un sumario, el denunciado ejerce su defensa y la institución reúne las pruebas del caso. La Superintendencia General de Justicia realiza su dictamen, en el que puede recomendar absolver o pedir sanciones para el sumariado, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia resuelve, sancionando o absolviendo al sumariado”.

Igualmente mencionó que los denunciados pueden ser magistrados, funcionarios, auxiliares de justicia, abogados, escribanos, oficiales de justicia, peritos y rematadores.

A su vez, el representante de la Superintendencia General de Justicia, abogado Francisco Godoy, explicó que una denuncia les llega por dos vías: por oficio que la Corte instruya un sumario administrativo o disponga de investigación preliminar, ya sea porque haya tomado conocimiento por cualquier medio de hechos; o directamente por una denuncia hecha a través de la Oficina de Quejas y Denuncias.

Continuó explicando que “nosotros tenemos cinco unidades de análisis divididas por fuero, se estudia y se realizan las diligencias para saber si hay mérito o no para un sumario administrativo. Para la realización de esas diligencias preliminares contamos con un plazo de 60 días hábiles que se cuenta a partir de que ingresa la denuncia a la oficina”.

Asimismo, refirió que “recibida la orden del Consejo de Superintendencia de instrucción de sumario, el juez instructor, que es el superintendente, tiene 8 días hábiles para formular la resolución, se notifica y el sumariado tiene 9 días hábiles para contestar”.

Finalmente, la directora de la Oficina de Ética Judicial, abogada Gabriela Gill Ríos, explicó que la oficina a su cargo es la encargada de implementar el Código de Ética, que es el que indica los valores de la función judicial, regula los deberes éticos de magistrados y funcionarios, protegiendo los bienes morales de la sociedad, con el propósito de lograr la excelencia del servicio de justicia.