Se presentará mañana 6 de marzo a las 11:00 horas en la Sala de Conferencia publicaciones: “Corte Penal Internacional, desafíos en materia de justicia de género en la región y “Corte Penal internacional”, avances en la participación de las mujeres en los sistemas de justicia. El acto está organizado por CLADEM, la presentación cuenta con el apoyo del área de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia.

En la ocasión, se contará con la presencia de la ministra de la máxima instancia judicial, doctora Alicia Pucheta de Correa quien tendrá a su cargo  las palabras de apertura, por otro lado también, hará uso de la palabra la coordinadora nacional de CLADEM-Paraguay, abogada Maria Graciela Mendoza y por último la presentación de las publicaciones estará a cargo de la magistrada Maria Mercedes Buongermini.

El acto de presentación será organizado por CLADEM, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer que es una red de mujeres y de organizaciones de mujeres que en toda América Latina y el Caribe que unen sus esfuerzos para lograr una efectiva defensa de los derechos de las mujeres en nuestra región.

En cuanto al material que será presentado mañana han sido publicados por el Centro de Desarrollo de la Mujer (DOMOS- Chile) en el marco del Proyecto Corte Penal Internacional y Justicia de Género y plantean una serie de recomendaciones para la inclusión de la justicia de genero en los procesos de implementación del Estatuto de Roma, a la luz de la experiencia de diez países de la región. El Estatuto de Roma, que crea la corte Penal Internacional (CPI) es el primer tratado universal que incorpora la perspectiva de genero y por lo tanto los intereses necesidades y experiencias concretas de las mujeres en situaciones de guerra y conmoción interna.

Para el sistema de justicia de nuestro país y de la región, estos avances representan actualmente herramientas efectivas para fortalecer la función de la justicia a la luz de los nuevos estándares en materia de justicia de genero, que fija el Estatuto de Roma y que obliga a los Estados Parte a repensar entre otras cosas las formas en las que han dado solución a la violencia sexual ejercida contra las mujeres y a emprender modificaciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia y la reparación para las victimas de estos crímenes.