El lugar cuenta con asesoría y supervisión de los padres de Schoenstatt y la actividad se realizó en el marco del Convenio Interinstitucional entre la Corte Suprema de Justicia y la Fundación para la Promoción de Valores y Prevención de la Violencia, que busca impulsar acciones en apoyo a los objetivos de reinserción social, laboral y familiar de adolescentes en situación de vulnerabilidad.

De la misma participaron la doctora Nury Montiel, titular de la Dirección de Derechos Humanos, y los funcionarios Daniel Llanes y Ángel Riveros y, por Fundaprova, el padre Pedro Kühlcke.

Cabe señalar que la reunión tuvo por objetivo dar a conocer el programa llevado adelante por la Fundación con los adolescentes que ahí acuden de manera voluntaria y el sistema aplicado para capacitar a los mismos. Tiene un periodo de nueve meses totalmente financiado por la Fundación, el cual finaliza con una pasantía laboral.

La idea de los representantes de la organización es replicar el programa de reinserción en otras circunscripciones que cuenten con centros educativos y conseguir así una disminución en la tasa de reincidencia de los adolescentes.

Hay que subrayar que el programa está dirigido a jóvenes varones que estuvieron privados de libertad en los centros educativos dependientes del Ministerio de Justicia del Paraguay, sin distinción de religión, antecedentes, y que tengan voluntad de participación y motivación para el cambio personal.

Según el programa, los participantes cuentan con acompañamiento psicológico y terapéutico, asesoría jurídica, intervenciones grupales y formación para el mundo laboral, todo esto como complemento a la intervención central y sostenedora del proceso, el cual consiste en un sistema de tutorías, guiadas.

La Dirección de Derechos Humanos informó que, en colaboración con la asesoría jurídica de la Fundación, orientará en relación con las causas penales que involucren adolescentes en conflicto con la ley penal que forman o deseen formar parte del programa, en cumplimiento de por orientadores personales su rol de oficina técnica responsable de desarrollar sistemas, herramientas y proyectos con el fin último de asegurar la implementación efectiva de los estándares básicos de derechos humanos, establecidos en la legislación nacional e internacional, en la labor jurisdiccional. Se prevén nuevas reuniones a modo de ver posibles colaboraciones en conjunto.