Régimen general de capacitación con goce de sueldo aplicable a todos los funcionarios judiciales

Las licencias especiales para estudios o capacitación están previstas en la normativa del Poder Judicial desde la Acordada N.º 252/2002.

Actualmente, este régimen está regulado por la Acordada N.º 1679/2022. Su artículo 62 establece que los funcionarios permanentes con una antigüedad mínima de dos años de servicio efectivo en la institución pueden acceder a una licencia especial con goce de sueldo para estudios o capacitación de hasta dos años, siempre que exista vinculación directa entre el curso a seguir y la función que desempeñan.

La normativa establece además obligaciones posteriores al otorgamiento de la licencia. Al concluir el periodo concedido, el funcionario debe reincorporarse a la institución y permanecer en ella por un tiempo equivalente al doble de la duración de la licencia. En caso de incumplimiento, corresponde el reintegro de los emolumentos percibidos durante el tiempo en que no se prestaron servicios.

Los registros institucionales muestran el alcance de este régimen. Entre 2014 y 2026 se registraron 826 autorizaciones vinculadas a capacitación. De ese total, 738 correspondieron a periodos inferiores a seis meses, 65 tuvieron una duración de entre seis meses y un año, y 23 se extendieron entre uno y dos años. A estos antecedentes se suman las autorizaciones concedidas entre 2002 y 2013 por motivos de capacitación, con anterioridad al periodo estadístico iniciado en 2014.

Entre julio de 2022 y agosto de 2026 se registraron 36 actos de concesión o prórroga correspondientes a 34 funcionarios distintos. Estas decisiones fueron adoptadas por el Consejo de Superintendencia durante diferentes integraciones.

La concesión y la prórroga de este tipo de licencias corresponden al Consejo de Superintendencia en ejercicio de su competencia como órgano colegiado.

El caso de la relatora Carrillo Servín

En este marco se inscribe la licencia concedida a Analía Belén Carrillo Servín, funcionaria del Poder Judicial y nuera del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Alberto Martínez Simón.

Según los registros institucionales, Carrillo Servín ingresó al Poder Judicial el 15 de septiembre de 2015. La licencia para capacitación fue concedida por el Consejo de Superintendencia mediante la Resolución N.º 1.322, del 23 de junio de 2024, por un periodo inicial de un año a partir del 1 de septiembre de 2024. Posteriormente, fue prorrogada por Resolución N.º 1.235, del 15 de julio de 2025.

La documentación administrativa permite precisar que el entonces ministro Alberto Martínez Simón no suscribió la resolución inicial de concesión. Asimismo, cuando el Consejo de Superintendencia aprobó la prórroga, ya no formaba parte de dicho órgano colegiado.

La licencia concedida a Carrillo Servín se enmarca en el régimen regulado por la Acordada N.º 1679/2022, que establece requisitos, límites y obligaciones para su otorgamiento, dentro de un universo de 826 autorizaciones vinculadas a capacitación registradas entre 2014 y 2026.

El análisis del caso debe considerar conjuntamente la normativa vigente, las resoluciones dictadas, la competencia de los órganos intervinientes y los antecedentes administrativos que documentan cada decisión.

Acceda a la publicación realizada este jueves 17 de septiembre por el diario La Tribuna sobre el régimen de permisos para capacitación en el Poder Judicial.