En un análisis sobre la situación que a traviesa el Poder Judicial con respecto a la autarquía presupuestaria, el juez penal de Garantías, Pedro Mayor Martínez, se mostró conforme con la decisión del Congreso de otorgar a la Corte Suprema de Justicia la potestad de disponer de sus bienes de manera autónoma.

El magistrado indicó que “aceptar la situación que plantea el Ministerio de Hacienda de modificar la Ley del Presupuesto General de Gastos de la Nación, sería un retroceso a lo que ya ha conquistado el Poder Judicial. Ha sido reivindicado el derecho de la Corte de administrar sus propios recursos como lo prevé la propia Constitución nacional”.

Agregó además, que con esta determinación lo que se pretende es eliminar una burocracia innecesaria e inconstitucional. “Es la máxima instancia judicial  la que debe decidir la manera de cómo pagar y a quien pagar, por supuesto respetando los mecanismos de control,  que aun seguirán vigentes”  precisó, el magistrado.

Finalmente, el juez Mayor Martínez destacó que el más alto tribunal del país cuenta con el personal adecuado para administrar sus recursos y que la aprobación de la autonomía presupuestaria constituye un aporte positivo al relacionamiento ínter poderes que se basa en la Carta Magna.