30 DE MAYO DE 2013
EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS NATURALES
Intervención ambiental en Limpio y Luque
En el marco del trabajo de recuperación de los recursos naturales, la comitiva ambiental encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Fretes, realizó una serie de intervenciones en las ciudades de Limpio y Luque. La verificación se realizó en una matadería y una lavandería.
La comitiva ambiental, encabezada por el presidente de la máxima instancia judicial, doctor Antonio Fretes, no cesa en realizar las intervenciones con el objetivo de ir recuperando los recursos naturales y evitar que se sigan cometiendo delitos ambientales. En ese sentido, la comitiva, que también está integrada por autoridades y técnicos de la SEAM, MOPC, Senacsa y Ministerio de Salud, entre otros, realizó intervenciones en las ciudades de Limpio y Luque.
En Limpio se intervino la matadería San Pablo, en la que en intervenciones anteriores ya se constató que ella no cumplía con las normas ambientales vigentes, por lo que fue emplazada y suspendidas sus actividades. Incluso el propietario fue imputado por la fiscalía.
Sin embargo, ahora se pudo comprobar que el establecimiento se encuentra introduciendo mejoras y se va adecuando a las leyes, por lo que el Ministerio Público solicitará que el dueño presente un plan de mejoras que, de aprobarse, se buscará la salida procesal para evitar llegar a una acusación.
“Ya hubo una intervención fiscal, intervino la SEAM, y entonces estamos viniendo con el fin de verificar cómo está el establecimiento desde el momento de su intervención hasta ahora, pero les vamos a hacer el seguimiento; precisamente nosotros acabamos de hablar con los técnicos, con los propietarios que se comprometen a trabajar sobre el mal olor, que es el problema de ustedes y de toda la comunidad, y básicamente vamos a trabajar con eso para que ustedes puedan vivir en un ambiente saludable, equilibrado, tal y cual lo señala la Constitución; venimos para cumplir con la ley”, manifestó el ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Los vecinos manifestaron su satisfacción por la intervención, ya que, según dijeron, es la única manera de que la matadería se adecue a las normas.
“Hace 19 años que estamos soportando este mal olor, tenemos náuseas, dolores de cabeza, tengo entendido que hay vecinos que quieren vender sus casas, ya no podemos vivir así, ya tenemos mucho tiempo aguantando esto. Nosotros no sabíamos quiénes eran los dueños y entonces fuimos por la vía correspondiente, yendo a la Municipalidad, haciendo notas, y por fin se nos hizo eco", señaló una vecina. En tanto, otra indicó que la intención de los pobladores no es perjudicar a nadie “porque es fuente de trabajo para muchas personas y ojalá que haya solución porque es difícil conseguir trabajo”.
En Limpio se intervino la matadería San Pablo, en la que en intervenciones anteriores ya se constató que ella no cumplía con las normas ambientales vigentes, por lo que fue emplazada y suspendidas sus actividades. Incluso el propietario fue imputado por la fiscalía.
Sin embargo, ahora se pudo comprobar que el establecimiento se encuentra introduciendo mejoras y se va adecuando a las leyes, por lo que el Ministerio Público solicitará que el dueño presente un plan de mejoras que, de aprobarse, se buscará la salida procesal para evitar llegar a una acusación.
“Ya hubo una intervención fiscal, intervino la SEAM, y entonces estamos viniendo con el fin de verificar cómo está el establecimiento desde el momento de su intervención hasta ahora, pero les vamos a hacer el seguimiento; precisamente nosotros acabamos de hablar con los técnicos, con los propietarios que se comprometen a trabajar sobre el mal olor, que es el problema de ustedes y de toda la comunidad, y básicamente vamos a trabajar con eso para que ustedes puedan vivir en un ambiente saludable, equilibrado, tal y cual lo señala la Constitución; venimos para cumplir con la ley”, manifestó el ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Los vecinos manifestaron su satisfacción por la intervención, ya que, según dijeron, es la única manera de que la matadería se adecue a las normas.
“Hace 19 años que estamos soportando este mal olor, tenemos náuseas, dolores de cabeza, tengo entendido que hay vecinos que quieren vender sus casas, ya no podemos vivir así, ya tenemos mucho tiempo aguantando esto. Nosotros no sabíamos quiénes eran los dueños y entonces fuimos por la vía correspondiente, yendo a la Municipalidad, haciendo notas, y por fin se nos hizo eco", señaló una vecina. En tanto, otra indicó que la intención de los pobladores no es perjudicar a nadie “porque es fuente de trabajo para muchas personas y ojalá que haya solución porque es difícil conseguir trabajo”.
Por su parte el fiscal adjunto, Jorge Sosa, explicó que la matadería ya fue intervenida y que el objetivo de la constitución de la comitiva en el lugar es verificar las condiciones actuales en las que se encuentra. “Estamos viendo el cumplimiento o no de las normativas ambientales de esta matadería, ya ha sido intervenida por la Secretaría del Ambiente y el Ministerio Público. Acá hay que ser claros y mencionar que los propietarios de esta matadería se encuentran bajo un proceso penal en la fiscalía especial de Delitos Ambientales, se encuentra una imputación en este momento; buscamos a través de estas verificaciones algunas alternativas de solución en el sentido de que ellos se adecuen al cumplimiento de las normativas ambientales de modo a poder otorgar una mejor calidad de vida a los vecinos y también a sus operarios para que no pierdan su fuente de trabajo”, señaló Sosa.
Agregó que solicitarán el plan de mejoramiento del establecimiento, se le fijará un plazo para ello y, de no cumplirse, se presentará el requerimiento para elevar el caso a juicio oral y público.
Hasta el momento son más de 80 las empresas y firmas intervenidas, entre las que se encuentran establecimientos comerciales, lavadero, mataderías, estaciones de servicio y criaderos de porcinos, la mayoría ubicadas en la cuenca del Lago Ypacaraí.
Agregó que solicitarán el plan de mejoramiento del establecimiento, se le fijará un plazo para ello y, de no cumplirse, se presentará el requerimiento para elevar el caso a juicio oral y público.
Hasta el momento son más de 80 las empresas y firmas intervenidas, entre las que se encuentran establecimientos comerciales, lavadero, mataderías, estaciones de servicio y criaderos de porcinos, la mayoría ubicadas en la cuenca del Lago Ypacaraí.
