En el marco del Programa Educando en Justicia, magistrados de distintos fueros, a través de un diálogo con los estudiantes, pudieron dar a conocer el trabajo que desarrollan a diario en este poder del Estado. Asimismo, durante el encuentro las autoridades instaron a los alumnos a capacitarse, debido a la complejidad del ejercicio de la profesión de abogado, lo que implica que deben estar preparados para litigar en cualquier tipo de caso.

La charla se inició con la ponencia del juez del fuero Civil y Comercial Hugo Garcete, quien explicó que la jurisdicción Civil resuelve mayormente controversias del derecho privado de la persona. En ese sentido dijo que se sustancian cuestiones que hacen al estado de la persona como sujeto de derecho desde su nacimiento hasta su fallecimiento.

Por su parte, el camarista Pedro Mayor Martínez indicó a los alumnos que el fuero Penal se constituye muchas veces en la cara visible del Poder Judicial debido al alto impacto mediático de los casos. A la vez mencionó a los futuros abogados sobre la mora judicial, señalando que se constituye en un déficit en cuanto a revisión de procesos y que este poder del Estado constantemente lucha contra este mal. En ese aspecto dijo que están involucrados en un cambio paradigmático, sobre todo con una visión más humana.

De la charla también participó la doctora María Luz Martinez, jueza Penal de Sentencia, quien refirió que es una tarea muy difìcil la de dar a cada uno lo suyo. Asimismo destacó la labor de la Secretaría de Educación, ya que a través del programa se logró mejorar la calidad de vida de alumnos que son víctimas de hechos punibles y cuyos casos son denunciados durante las jornadas ante las autoridades pertinentes, que se encargan posteriormente de dar seguimiento.

Por último, el juez Penal Adolescente Camilo Torres expuso sobre la doctrina de protección integral del niño y del adolescente, explicando que desde el momento en que el Estado paraguayo ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990 y promulgó el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 1.680/01), asumió un posicionamiento ético y político inserto en la perspectiva de derechos humanos, por el cual el Paraguay reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho.

Indicó además que con esta decisión política el Estado asume el compromiso de ser promotor y garante del cumplimiento de los derechos, mediando para el ejercicio de los mismos e interviniendo activamente para reparar los derechos conculcados.