La Corte Suprema de Justicia, mediante una Acordada, dispuso que los Acuerdos y Sentencias, al igual que los Autos Interlocutorios emitidos por cada una de las Salas de la máxima instancia judicial sean remitidos, en versión digital, desde los diferentes gabinetes a la Secretaría Judicial correspondiente.

 

Los mismos deben realizarse en simultáneo con la entrega de la versión en triplicado y firmado, con el fin de que sean introducidos al sistema informático de gestión instalado en las diferentes secretarías judiciales y se proceda, igualmente a su numeración y fechado dentro del mencionado sistema, utilizando como mecanismo de seguridad para el procesamiento de la resolución la firma digital del Secretario Judicial.

 

Asimismo, se dispuso que la Dirección de Tecnología y Comunicación arbitre los medios necesarios para que finalizado el proceso en cuestión, la resolución se remita automáticamente a la Base de Datos de Jurisprudencia de la División de Investigación, Legislación y Publicaciones del Centro Internacional de Estudios Judiciales, con el propósito de analizar y publicar en la página web de Consulta de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

 

A través de la acordada, el más alto tribunal del país dispuso, además que la Dirección de Tecnología y Comunicación se encargue de que los Acuerdos y Sentencias y Autos Interlocutorios procesados sean puestos automáticamente a disposición de la Dirección de Comunicación.

 

Igualmente, determinó que la División de Investigación, Legislación y Publicaciones del Centro Internacional de Estudios Judiciales, así como la Dirección de Comunicación, adopten los recaudos correspondientes, coordinadamente con las demás oficinas involucradas en la aplicación de la acordada, para que en la publicación de las resoluciones se precautelen los derechos constitucionales y legales, así como de intimidad y privacidad de las personas, especialmente para la protección de la identidad de los niños, niñas o adolescentes víctimas o protagonistas de hechos punibles y de personas víctimas o denunciantes de delitos contra la autonomía sexual.

 

De acuerdo a la Acordada, el marco regulatorio entrará en vigencia a partir del 2 de junio del presente año.

 

La Acordada fue adoptada considerando que en el contexto de los derechos constitucionales y legales, el acceso a la información pública constituye uno de los elementos esenciales para la construcción del sistema democrático y republicano de gobierno, mientras que en el ámbito de la administración de Justicia, el mencionado derecho, comporta, entre otros, un deber intrínseco de disponer y publicar los fallos y resoluciones emitidos por órganos jurisdiccionales.