Durante la audiencia pública se analizaron incidentes de traslado del régimen cerrado al régimen semiabierto de doce internos, quienes tuvieron la oportunidad de ser escuchados por los intervinientes, de los cuales tres de ellos fueron beneficiados por cumplir con todas las exigencias legales requeridas para el efecto.

Cabe recordar que el Código de Ejecución Penal en nuestro país establece el régimen progresivo en el cumplimiento de las penas, que abarca cuatro periodos, el periodo de observación de 15 a 45 días de haber ingresado el interno al penal, periodo de tratamiento que abarca hasta la mitad del cumplimiento de la condena, el periodo de prueba desde el cumplimento de la mitad de la pena y el periodo de libertad condicional con el cumplimiento de las dos terceras partes de la condena.

Juan Bautista Silva Ucedo, juez de Ejecución, explicó que tres de los internos que se encuentran en el periodo de prueba obtuvieron la resolución judicial de traslado al establecimiento semiabierto por demostrar que poseen los requisitos de haber cumplido la mitad de la condena, no tener causa abierta u otra condena pendiente, poseer buena conducta.

Asimismo, manifestó que el interno debe merecer por parte del Organismo Técnico Criminológico un concepto favorable sobre el efecto beneficioso que el régimen de semilibertad tendrá en su futuro personal, familiar y social, además debe contar con un plan de trabajo a ser desarrollado en la granja penitenciaria.

También participaron de la actividad Vilma González, agente fiscal de Ejecución; María Bareiro, defensora pública; abogada Laura Ávalos, actuaria judicial de Ejecución de Cordillera; Blas Martínez, director general de Establecimientos Penitenciarios; y los directores del centro de reclusión de Emboscada Antigua Juan Irala, del Penal Padre De la  Vega, Tomás Bolaños, y de la Granja Penitenciaria, Raúl Servín.