Los dirigentes sindicales del Poder Judicial indicaron que el pedido de calificación planteado por la Procuraduría General de la República en contra de la huelga que realizan los funcionarios judiciales no puede ser definido hasta tanto dure la medida de fuerza.

 

Señalaron que existe una Ley que establece dicha situación y que por lo tanto la huelga no puede ser calificada. La decisión sobre el caso esta en manos de la jueza, Graciela Ortiz, tras la inhibición de la doctora Blanca Mafalda Benítez Rivas. “La Ley establece que antes o durante la ejecución de la huelga no se puede calificar, entonces nosotros esperamos que el juez que va a estudiar el caso entienda la situación. Nosotros tenemos declarada la huelga hasta el 20 de diciembre, no se puede calificar hasta esa fecha la medida de fuerza”, indicó Porfiria Ocholasky, dirigente del sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (SIFJUPAR).

 

Minimizó, lo manifestado por el Procurador General de la República en el sentido de que los funcionarios contratados que se plieguen a la huelga corren el riesgo de ser despedidos. “Nosotros no somos personal contratado, somos funcionarios permanentes”, agregó la dirigente sindical.

 

Cabe aclarar que la huelga fue convocada para exigir la inclusión en el Presupuesto General de Gastos, ejercicio 2009, el pedido del 20% de aumento salarial para los funcionarios judiciales de todo el país   

 

Con el fin de resguardar los intereses superiores de los justiciables y evitar  perjuicios irreparables, la Corte Suprema de Justicia resolvió que los plazos procesales que vencían el jueves 6 de noviembre queden suspendidos hasta el día de hoy resguardando de esta manera las posibles extinciones de la causa.

 

A raíz de la medida de fuerza, la Corte Suprema de Justicia incluso suspendió los plazos procesales con el fin de que las causas no se extingan resguardando los intereses superiores de los justiciables.