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04 DE OCTUBRE DE 2023

ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN (ENV) SE REALIZÓ EN SEIS DIMENSIONES

Ministra Llanes dio a conocer resultados de encuesta elaborada por la OTP en la dimensión de “Crimen Organizado”

En sesión plenaria del día miércoles 4 de octubre de 2023, la vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia y encargada de la Oficina Técnica Penal (OTP), doctora María Carolina Llanes puso a consideración del pleno los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de Victimización (ENV), en la dimensión de “Crimen Organizado”. Los resultados de la aplicación de esta encuesta están agrupados en seis dimensiones: Percepción de la seguridad pública, Victimización por delitos contra el hogar y contra las personas, Victimización en general, Criminología mediática, Crimen Organizado y Corrupción.

La ministra Llanes presentó los hallazgos más importantes del eje Crimen Organizado, información que está disponible en el Observatorio de la OTP: https://acortar.link/lzUcsx

La Encuesta Nacional de Victimización (ENV), elaborada por el equipo técnico de la Oficina Técnica Penal, con apoyo de USAID e INECIP, se aplicó entre el 15 de marzo y 20 de abril de 2023, a una muestra representativa nacional de 1400 personas mayores de 18 años y más, siguiendo los lineamientos de la International Crime Victims Survey de las Naciones Unidas, y adaptada para el caso paraguayo.

La muestra permite resultados comparativos entre cuatro regiones:

1) área metropolitana (Asunción y Central);

2) Norte y Nordeste (Concepción, San Pedro, Amambay, Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú);

3) Centro (Cordillera, Paraguarí, Guairá, Caazapá), y

4) Sur (Itapúa, Misiones, Ñeembucú);

Asimismo, incluye resultados comparativos entre ciudades pequeñas y grandes, por sexo, grupo de edad y nivel socioeconómico. Igualmente, es comparable con datos de la ENV de 2017 realizada por INECIP Py y la Universidad Nacional de Pilar (UNP), con fondos del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACYT).

La Encuesta Nacional de Victimización es una herramienta internacional que permite a los Estados diagnosticar científicamente problemas relativos a la violencia, inseguridad, y en este caso también crimen organizado y corrupción, y posibilita la adopción de medidas relativas al control de estas, basadas en evidencia empírica, de manera a optimizar resultados.

La doctora Llanes dijo que este estudio realizado a instancias de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia será igualmente útil y puede ser puesto al servicio de los demás poderes del Estado.

La ministra enfatizó que los datos posibilitan la adopción de medidas relativas al control de estos indicadores basados en evidencia empírica de manera a optimizar los resultados.

Resumen de la dimensión crimen organizado

La preocupación ciudadana por el crimen organizado llega al 68,2%; sube al 70,7% en el norte y noreste y al 69,9% en el área metropolitana. Con relación a los reconocimientos de los grupos, el 75,5% escuchó hablar del Primer Comando de la Capital (PCC) y el 72,6% del Clan Rotela, sin embargo, los porcentajes cambian según la región y tamaño de ciudades. En el área metropolitana, el 79,7% conoce al PCC y el 82,1% al Clan Rotela.

Respecto a la actuación en los barrios, el Clan Rotela tiene mayor presencia en el área metropolitana y el PCC en la zona norte y este, así como en grandes conglomerados urbanos. Respecto a las causas que consolidan la presencia de estos grupos, el 53% indica la falta de trabajo y oportunidades, el 38% la pobreza, y el 32% la falta de trabajo. Los pedidos ciudadanos para derrotar a estas bandas criminales fueron las siguientes de una lista de respuestas múltiples: oportunidad laboral y educativa a los jóvenes: 41,7%; luchando seriamente contra la pobreza: 36,3%; reformando la Policía para sacar a los corruptos: 29,8%; reformando a la Fiscalía para sacar a los corruptos: 21,2%; reformando el Poder Judicial: 18%; enjuiciando y condenando a los políticos corruptos: 15,7%.

 Las conocidas como “políticas de mano dura” son las que obtuvieron los menores porcentajes de adhesión ciudadana: solamente el 11,0% pide involucrar el ejército en la lucha al crimen; el 4,6% pide penas carcelarias más duras para los miembros de estas bandas; el 2,7% pide militarizar y poner toque de queda en las ciudades donde mayormente esas bandas actúan y el 1,2% pide armar la ciudadanía para que puedan defenderse por medios propios.

La valoración del trabajo institucional en la lucha contra el crimen organizado es mayor a la valoración en general de las instituciones de seguridad y justicia. De este modo, es calificado como bueno y aceptable en las siguientes proporciones: Policía: 52,2%; Fiscalía: 43,8%; Jueces y Tribunales: 43,4% e Instituciones Penitenciarias: 38,8%.

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