El proyecto, que cuenta con la cooperación de la Unión Europea, busca fortalecer la colaboración entre la CSJ y el CEJ para desarrollar un modelo de supervisión y asesoría de prueba con participación de la sociedad civil. Tiene como finalidad mejorar el acceso a la justicia y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, además de facilitar la recopilación de datos relevantes.

Durante el acto, el presidente de la CSJ, doctor César Diesel, resaltó la importancia de instalar el proyecto en la sociedad y en los medios de comunicación, señalando que “es necesario que exista comprensión y apoyo, ya que hay demandas tanto por la aplicación de medidas alternativas como por el hacinamiento penitenciario. Los jueces se encuentran en medio de esa realidad, y la Corte acompaña para que se cumpla lo que establece la ley”.

En la misma línea, la ministra Carolina Llanes mencionó que se trabaja de forma conjunta con el Ministerio de Justicia de Paraguay en la incorporación de infraestructura que permitirá separar a personas privadas de libertad en condición de procesadas de aquellas con condena. “Es un avance importante para el desarrollo de este proyecto y para generar las condiciones adecuadas de implementación”, afirmó.

Por su parte, la directora ejecutiva del CEJ, María Victoria Rivas, explicó que este convenio permitirá trabajar con la Oficina Técnica Penal en el diseño de un modelo de supervisión y asesoría de prueba que contribuya a abordar la situación de la prisión preventiva en el país. “Existe una situación crítica en las penitenciarías, y este es un esfuerzo conjunto entre las instituciones involucradas. Desde el CEJ apoyaremos las iniciativas del Ministerio de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia para avanzar en esta propuesta”, indicó.

Acompañaron la actividad Maddalena Masucci, agregada de Cooperación de la Unión Europea en Paraguay, y Elizabeth Flores, coordinadora del proyecto.