En el documento dictado por el juez de Ejecución Penal Juan Bautista Silva Ucedo se establecen medidas concretas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las internas, garantizando la provisión adecuada de alimentos, el fortalecimiento de la logística en todos los módulos, condiciones dignas de habitabilidad en las celdas y el acceso a información sobre sus derechos y reglamentos internos.

Asimismo, se ordenó a las instituciones competentes adoptar de manera inmediata las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo del reconocimiento de la dignidad humana y del respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por la República del Paraguay.

Las disposiciones incluyen el cumplimiento integral de las normas relativas al funcionamiento de las celdas, la provisión de agua, así como una alimentación suficiente y adecuada para todas las internas del penal.

En un plazo de 22 días hábiles, el Juzgado de Ejecución Penal, acompañado por representantes de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia, verificará el cumplimiento efectivo de la tutela dispuesta. En caso de incumplimiento, se remitirán los antecedentes a las instituciones y organismos competentes en materia de derechos humanos.