La doctora Llanes explicó que el informe de la OTP hace referencia a las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de controlar y supervisar el cumplimiento efectivo de las condenas que conllevan penas privativas de libertad. En ese contexto, citó el artículo 493 del Código Procesal Penal (CPP), referente a la ejecutoriedad, y el artículo 295, sobre el fuero de Ejecución Penal, señalando que este debe limitarse a hacer cumplir lo resuelto por Tribunales de otras instancias.

En consecuencia, propuso al Pleno solicitar a todos los juzgados de Ejecución Penal del país que emitan un informe sobre las causas en las que se hayan dictado penas privativas de libertad que no estén siendo cumplidas efectivamente.

Asimismo, indicó que los Juzgados deberán detallar las diligencias realizadas para hacer efectivas las condenas, conforme a la normativa citada, e incluir:

• El número total de condenas registradas en los últimos tres años.
• La cantidad de personas procesadas que no están cumpliendo efectivamente sus condenas, especificando si se encuentran prófugas.
• El año de la sentencia, el hecho punible, la jurisdicción y las medidas adoptadas para su localización.

Finalmente, la ministra Llanes propuso un plazo de 15 días para la presentación de los informes solicitados. La propuesta fue aprobada por el Pleno de la máxima instancia judicial.