El informe, elaborado por las magistradas abogadas Luz Rosanna Bogarín, Cynthia Sostoa Santander, Sandra Kirchhofer y María Lidia Wyder, juezas a cargo de los Juzgados de Ejecución Penal N.º 1, 2 y 4 de la Circunscripción Judicial de la Capital, así como del Juzgado Penal de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado (Primer y Segundo Turno), detalla que durante el recorrido por las áreas de cocina, panadería, intendencia, oficinas administrativas, sanidad, sector de visitas privadas y los módulos 1, 3 y 5, se observaron diversos aspectos relacionados con el funcionamiento general del establecimiento.

En ese contexto, el Juzgado de Ejecución Penal Nº 4, de turno ordinario, inició de oficio el trámite previsto en el artículo 291 del Código de Ejecución Penal, disponiendo una tutela jurisdiccional de carácter general con el fin de resguardar la promoción y vigencia de los derechos y garantías de todas las mujeres privadas de libertad que se encuentran actualmente recluidas en el COMPLE.

Según el informe, durante la inspección, las magistradas conversaron con la directora del penal, Judyd Franco, y con varias internas, quienes manifestaron la necesidad de contar con una mayor provisión de artículos de higiene personal, acceso constante a agua potable, mejoras en la alimentación y la incorporación de actividades recreativas y laborales.

La constitución de las juezas en el establecimiento penitenciario tuvo como propósito escuchar las inquietudes de las internas, identificar necesidades y recabar información relevante para la elaboración del informe dirigido a la máxima instancia judicial. Este trabajo busca fortalecer el control jurisdiccional sobre la ejecución de las penas y promover el respeto de las garantías que asisten a las personas en situación de reclusión.

Con esta inspección que contó con el acompañamiento del viceministro de Justicia, abogado Rafael Caballero, y del viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, se pretende consolidar una gestión penitenciaria orientada a la reinserción social, al respeto de los derechos humanos y a la mejora continua de las condiciones institucionales.

Estos trabajos de control tienen como objetivo verificar y optimizar las condiciones de vida de las internas, garantizando la provisión adecuada de alimentos, el fortalecimiento de la logística en todos los módulos, condiciones dignas de habitabilidad y el acceso efectivo a información sobre sus derechos y reglamentos internos.

El informe de la inspección general fue elevado al presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor César Diesel, para su conocimiento y consideración.