24 DE OCTUBRE DE 2025
A PEDIDO DE LA MINISTRA ENCARGADA DE LA OTP, DOCTORA CAROLINA LLANES
Magistrados penales y representantes de la Digemabel analizaron el alcance de la Ley de Armas N° 7411/24
Con el propósito de abordar los alcances y desafíos de la nueva Ley de Armas N° 7411/24, jueces penales y representantes de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) participaron este viernes 24 de octubre de una reunión interinstitucional en la sede judicial de Asunción. El encuentro, encabezado por la secretaria ejecutiva de la Oficina Técnica Penal (OTP), abogada Silvana Luraghi, y el director general de la Digemabel, general de División Melanio Salomón Servín, tuvo como finalidad analizar el destino final de las armas incautadas o recuperadas del crimen organizado, en el marco de la implementación de la nueva normativa.
Por disposición de la ministra encargada de la OTP, doctora Carolina Llanes, se conformó un equipo de trabajo integrado por jueces y camaristas del fuero Penal para el estudio detallado de la Ley N° 7411/24, que entró en vigor en diciembre de 2024. La iniciativa responde a un pedido formal de la Digemabel, orientado a definir criterios sobre el destino final de las evidencias, considerando que la nueva legislación no establece plazos ni procedimientos específicos al respecto.
Durante la reunión, la secretaria ejecutiva de la OTP explicó que el objetivo del equipo es analizar los artículos de la normativa relacionados con la disposición final de las evidencias y escuchar las recomendaciones técnicas de la Digemabel.
Por su parte, el general Servín agradeció a la ministra Llanes por su apoyo y explicó que la Ley N° 7411 presenta ambigüedades en comparación con la anterior Ley N° 4036, que facultaba a la institución a disponer de las armas en un plazo de tres años, ya sea para su destrucción o reasignación a las fuerzas de seguridad, previo análisis técnico. “Actualmente ingresan alrededor de 200 armas por semana. Si bien el sistema de registro está completamente digitalizado y auditado, con el tiempo la acumulación podría generar dificultades operativas”, señaló.
Asimismo, se informó que la entrada en vigencia de la nueva normativa plantea dos problemáticas principales: la ausencia de plazos definidos y la falta de claridad sobre las competencias institucionales para disponer de las evidencias. Por ello, se considera oportuno establecer directrices desde el ámbito jurisdiccional.
En ese contexto, la capitán de Justicia Militar Myrian Ruíz Díaz manifestó que “con la Ley N° 7411 no se especifica el destino final de las armas ni los plazos correspondientes, por lo que solicitamos que los magistrados indiquen en sus resoluciones qué procedimiento debe seguirse respecto a las incautaciones”.
El equipo de trabajo designado para el estudio de la Ley N° 7411/24 está integrado por los jueces de Sentencia Pablino Barreto y Lourdes Garcete; la jueza Penal de Garantías contra el Crimen Organizado, Lici Sánchez; la jueza del Fuero Ordinario, Rossana Diana Carvallo; y las juezas de Ejecución Penal, Lidia Wyder y Sandra Kirchhofer. También participa la teniente primero Material Bélico de la Digemabel, Andrea Gamarra.
