En su intervención ante el Pleno, la ministra Carolina Llanes explicó que, desde la Sala Penal de la Corte Suprema, en coordinación con la Oficina Técnica Penal (OTP), se viene impulsando un trabajo articulado con magistrados del fuero de Ejecución Penal y diversas instituciones del sistema, orientado al fortalecimiento del régimen de ejecución de la pena.

Recordó que, conforme al Código de Ejecución Penal (CEP), vigente desde 2015, los jueces del fuero ejercen un control jurisdiccional integral sobre las condiciones de cumplimiento de la pena privativa de libertad, así como sobre el tratamiento de las personas procesadas. En particular, el artículo 19, numeral 4, faculta a los magistrados a realizar visitas e inspecciones sin previo aviso, para verificar las condiciones de alimentación, higiene, vestimenta y habitabilidad, y exigir explicaciones a las autoridades administrativas cuando corresponda. Además, los artículos 288 y 289 establecen la obligación de realizar inspecciones trimestrales, cuyos resultados deben ser elevados a la Corte Suprema y al Ministerio de Justicia.

En ese contexto, la diligencia judicial llevada a cabo el viernes 22 de agosto en la Penitenciaría de Emboscada Antigua fue realizada por juezas del fuero ordinario y especializado, quienes se constituyeron en el lugar conforme a sus atribuciones legales. Durante el procedimiento se constató la existencia de instalaciones irregulares, hecho que fue debidamente documentado en actas. El informe fue remitido el lunes 25 de agosto a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio de Justicia, tal como lo establece el Código de Ejecución Penal.

Posteriormente, las magistradas comparecieron ante el Consejo de Superintendencia, donde ofrecieron un informe circunstanciado de lo actuado y atendieron todas las consultas formuladas. La ministra Carolina Llanes valoró el desempeño de las juezas, destacando su profesionalismo, compromiso y apego al marco legal, calificándolo como una expresión concreta de responsabilidad institucional ante la ciudadanía y el sistema de justicia.

Durante la sesión plenaria, el ministro Víctor Ríos afirmó que el sistema penitenciario constituye un componente esencial del Estado de Derecho y del funcionamiento democrático, subrayando que la presencia de jueces en los establecimientos penitenciarios representa tanto una potestad como una obligación legal. Enfatizó que esta labor garantiza el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, así como de las víctimas.

En la misma línea, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor César Diesel, destacó que las juezas actuaron con estricto apego a sus atribuciones legales, las cuales incluyen la obligación de labrar actas sobre lo observado durante las inspecciones, sin emitir juicios de valor en el momento, y de remitir los antecedentes a las instituciones competentes para su análisis.

En otro momento de su exposición, la ministra Carolina Llanes destacó el compromiso del Estado paraguayo en la lucha contra la criminalidad organizada en todas sus formas, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico, los delitos económicos y la corrupción. Señaló que Paraguay forma parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), cuyos informes han reconocido los avances logrados en materia de prevención, lo que permitió evitar el ingreso del país a la denominada lista gris. Actualmente, el país se encuentra en fase de seguimiento técnico de las recomendaciones formuladas tras la última evaluación, con miras a un nuevo examen previsto para el año 2030, en el que la efectividad será uno de los ejes centrales.

Al finalizar su intervención, la ministra reafirmó que el fortalecimiento del sistema penal constituye un desafío constante, que requiere esfuerzos sostenidos y coordinados por parte de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil. Expresó su confianza en la labor de los magistrados y magistradas comprometidos con una justicia penal eficiente, transparente y respetuosa de los derechos fundamentales de las personas justiciables y de las víctimas.