El jefe administrativo del Centro de Documentación, Victorino Andrés González Sarubbi, reconoció que firmó algunos documentos y que entre los mismos pudo haber documentos que hayan sido adulterados, pero negó haber sido él el responsable de la adulteración.

Es con relación a la falsificación de unos 20 certificados de víctimas de la dictadura stronista para el cobro de indemnizaciones al Estado Paraguayo.

“Están los informes que yo he firmado, pero tengo que aclarar, también que entre esos informes hay documentos que pudieron haber sido adulterados como el caso de entrada y salida de detenidos. Yo no asumo la responsabilidad de lo ocurrido, creo que fui engañado porque acá me llegan muchos documentos para ser autenticados, y yo autentico, pero antes los miro bien, pero como dije hay documentos escritos a mano”,  señaló, el jefe administrativo.

Indicó que los documentos, cuyos contenidos fueron adulterados, fueron acercados por gestores y muchas veces por las propias víctimas. “Siempre verifico todo, y coinciden con los datos, por eso los autentico. Yo también me considero víctima de todo esto”, afirmó González Sarubbi.

Asimismo, agregó que se pondrá a disposición de la fiscalía para la investigación correspondiente y que no tiene nada que ocultar. Incluso dijo que esta en condiciones de identificar a los gestores o personas que trajeron dichos documentos para las firmas correspondientes.

El hecho fue denunciado ayer ante la fiscalía por los responsables del Museo de la Justicia, doctor Luis María Benítez Riera y la licenciada Rosa Palau, además del defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges.

Actualmente, Victorino González Sarubbi se encuentra a disposición de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.