Mediante una alianza estratégica firmada entre el Sistema de Facilitadores Judiciales, el Registro Civil y el Departamento de Identificaciones de la Policía nacional, se logró inscribir y dotar de cédulas de identidad a indígenas de varias comunidades de la Compañía Huguá Ñandú, dependiente de la Circunscripción Judicial de Concepción.

Considerando las condiciones y la precariedad en las que se desenvuelven los indígenas, la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento del compromiso asumido en la Cumbre Judicial Iberoamericana, en el marco de la aplicación de las “100 reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad” decidió poner en marcha la iniciativa.

En ese sentido, se viene realizando la “Campaña de cedulación y Registro” llegando a lugares alejados con el fin de buscar la inclusión de las Comunidades Indígenas tratando de paliar la falta de inscripción y registro de los indígenas, quienes también tienen derecho a un nombre y por ende a su existencia legal.

Según datos oficiales que arrojó el Segundo Censo Nacional Indígena 2002, realizado por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), la población indígena empadronada asciende a 87.099 personas, que representa el 1,7% de la población total del país. Un poco más de la mitad del total de la población indígena reside en la región Oriental (44.135) y el resto (42.964) en la región Occidental o Chaco.

Las  cifras oficiales demuestran la alarmante situación social de los indígenas, como ser el alto grado de analfabetismo, que afecta al 51% de los indígenas, con un promedio de 2,2 años de estudio entre los aborígenes de 10 años y más, frente a los 7 años que se registra en la población nacional no indígena. El problema se agrava en zonas rurales (53,3%), comparativamente con áreas urbanas (29,2%).

Por las condiciones expuestas se constituyen en nuestro país en uno de los grupos más vulnerables.