El profesor Francisco Ferrer proveniente de la Universidad del Litoral de Argentina explicó que existen dos normas nuevas que deben ser aprobadas por el parlamento argentino, la norma proyectada de carácter de asistencia del derecho sucesorio y la delimitación del ejercicio de los derechos de los discapacitados, las mismas forman parte del proyecto del Código Civil de Argentina 2012 que pretende limitar los derechos de las personas con capacidades diferentes al declarar incapaz al sujeto o de acuerdo a su capacidad qué actos puede realizar o si puede conservar su capacidad pero numerando la cantidad de acciones que pueda realizar.

Este proyecto busca también  flexibilizar el régimen protectario de los discapacitados y tratar de limitar el ejercicio de los derechos  de las personas con capacidades diferentes, es una corriente doctrinaria que busca establecer restricciones a funciones y acciones numerando los actos que puedan realizar así mismo como las que no pueden.

La función del derecho sucesorio es la de organizar el régimen jurídico para discapacitados basándose en la necesidad de flexibilizar entre el principio de libertad y el de solidaridad logrando un equilibrio entre ambos.

La magistrada Francisca Prette inició su exposición con una definición general de los derechos de los discapacitados establecidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los logros y obstáculos que existen en torno a los derechos de los mismos para proseguir con el tema “Derecho a la vivienda”.

Expresó que uno de los mayores obstáculos en el Paraguay es la no visualización de problemas, citando como ejemplo el Censo Nacional del 2002 que omitió una gran cantidad de personas con discapacidad.

La profesora dijo que se necesita modernizar las legislaciones para así poder afrontar desafíos con relación a la discapacidad, aunque en la Constitución de 1992 en el artículo 58 se establece el derecho de las personas excepcionales que establece un compromiso mínimo del Estado para diseñar políticas que se adapten sus necesidades.

Mencionó que uno de los mayores logros fue la Ley 3585 del 2008 en la que se establece la obligatoriedad de incorporación de las personas con discapacidad en las instituciones públicas, que deben mantener un mínimo de 5% del total de sus funcionarios estableciendo también sanciones para las entidades que no las cumplan. Así también la disposición de la obligatoriedad del lenguaje de señas en todos los medios de comunicación audiovisuales.

Alegó que uno de los mayores problemas es el transporte ya que al no ser adecuados imposibilitan el libre movimiento de los discapacitados, la falta de desarrollo inclusivo en la política para programas sociales de inclusión para la adquisición de viviendas adecuadas y la falta de sensibilización por parte de la sociedad civil para con los mismos.